En los gobiernos anteriores hubo un pacto con los grandes contribuyentes para que no se ejerciera acción penal en su contra por eludir responsabilidades y evasión tributaria, por lo que la administración pasada sólo abrió casos judiciales contra “algunos muy pequeños, nada significativos”, sostuvo el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda.
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