El caso Lozoya ha venido a sacudir la clase política mexicana. Ha confirmado la conjetura que todos conocíamos: tenemos una clase política corrupta y podrida desde sus raíces. Los videos y la guerra de imputaciones nos conducen a la irritación extrema, no importa el sello o el partido político, el hecho radica en que la corrupción es una patología gravísima que perturba nuestro país. Los sobornos, los financiamientos ilícitos, los cohechos en licitaciones, el maiceo a los medios, los fraudes electores, alimentan el malestar y la desconfianza de la sociedad hacia sus instituciones y al ámbito productivo que ya no se puede subestimar. No podremos salir de la crisis sin recuperar la dimensión ética y legal del sistema-país sin confrontar el fenómeno de la corrupción. AMLO se ha enrutado desde su campaña a combatir la corrupción sistémica de México; dicha oferta se tradujo en un mandato contundente en las urnas. La corrupción es una perversión profundamente arraigada en gobiernos, empresas e instituciones; práctica habitual y hasta “naturalizada” en las transacciones comerciales y financieras, en la contratación pública, en cualquier negociación con actores del Estado. Los escándalos recientes ofrecen una oportunidad histórica de capitalizar la indignación ciudadana que debe traducirse en un compromiso inédito de las fuerzas sociales, las asociaciones, las redes sociales, los intelectuales y los medios para impulsar acciones correctivas para combatir la corrupción, el despilfarro y la impunidad, como verdaderos lastres para nuestra democracia y desarrollo económico. De no consumarse, la 4T provocará la mayor decepción histórica.
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