El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sostuvo que los principales beneficiarios de la ley de amnistía deben ser las personas originarias de comunidades indígenas que han sido detenidas, ya que en muchos casos no contaron con servicios de traducción a su lengua ni recibieron una defensa adecuada. En cárceles federales, la dependencia estima que hay 8 mil personas detenidas y que son originarias de pue-blos indígenas.
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