Tres, de las nueve organizaciones civiles señaladas por el Presidente de recibir financiamiento de fundaciones internacionales para oponerse al Tren Maya, rechazaron las acusaciones y lo retaron a “decir la verdad”. Enfatizaron que no detendrán su defensa de las comunidades y del territorio y exigieron una disculpa pública. Los centros Mexicano de Derecho Ambiental y Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, así como el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil, dijeron que se pretende estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos y “promover un ambiente de intolerancia y deterioro del estado de derecho”.
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