Las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 han abierto nuevas líneas de investigación con respecto a las operaciones de los integrantes del cártel Guerreros Unidos, detectando que miembros de la familia Casarrubias Salgado, realizan actividades con fachada de legales por medio de las que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, y con las cuales presionan a empresarios y hasta operadores de transporte público para obtener contratos y concesiones.
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