La llamada 4T cada día acumula un memorial de agravios a sectores que se suponía serían respetados, como el normalismo y los pueblos indígenas, por citar dos de los más destacados. El más reciente contra 93 estudiantes, 74 mujeres, de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, remitidos al penal El Amate el pasado 18 de mayo, cuando realizaban una protesta en torno a la pretensión de aplicar de manera virtual el examen de admisión. Exigían que fuera presencial, pues la mayoría de aspirantes no cuenta con herramientas digitales y se ubican en regiones sin acceso a Internet. Las estudiantes fueron además víctimas de abuso sexual, por los policías, durante su detención e ingreso al penal. La indignación y exigencia de que se les libere crece y se extiende en el normalismo nacional, los organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entre muchas otras instancias. En ese contexto, parece victoria pírrica que el pasado domingo, bajo sigilo, liberaran sólo a las 74 mujeres, dejándolas sujetas a proceso, sin que se informe acerca de investigación y sanciones sobre el abuso policiaco. No es menor que la represión proviene de las fuerzas del estado gobernado con autoritarismo por un integrante de Morena. Resulta inevitable volver a la reiterada declaración presidencial de que “no somos iguales” y al propio tiempo evocar Atenco y Ayotzinapa, sin encontrar la diferencia.
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