Los países deben movilizar más recursos para garantizar los derechos de las personas, construyendo políticas fiscales más justas, coincidieron especialistas. En un conversatorio virtual, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuso que el divorcio entre la economía y las garantías de los individuos es demasiado grande aunque “tienen una conexión indisoluble”.
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