Ante representantes del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), los pueblos originarios del valle de México y los llamados “residentes” o “migrantes” unificaron sus reclamos. Esto, cuando los representantes de comunidades, pueblos y barrios denunciaron que la Constitución de Ciudad de México (CDMX), expedida por el gobierno de Miguel Ángel Mancera el 5 de febrero de 2017, es “de corte neoliberal, encaminada a despojar a los pueblos de sus territorios ancestrales, pues establece como uno de sus principios rectores el respeto a la propiedad privada por encima de la propiedad comunal” y “desconoce los derechos agrarios de los pueblos”.
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