En México los artículos 6 y 7 de la Constitución respaldan el derecho a la información, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2016) y las respectivas leyes locales regulan los mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho en cada entidad. Sin embargo, en muchas ocasiones los documentos que ofrecen las entidades públicas no se encuentran en formatos que faciliten su análisis o carecen de las condiciones apropiadas.
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