En la cuenta pública 2017, los estados han quedado a deber la comprobación de 3 mil 912 millones de pesos de recursos federales de los programas Prospera, Fortalece y Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que las entidades con mayor número de acciones promovidas en materia sancionatoria son Michoacán, estado de México, Baja California y Tamaulipas.
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