Una de las prioridades del grupo de Morena para la próxima legislatura es expedir la ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre salarios máximos en la administración pública federal, norma congelada desde noviembre de 2011 en la Cámara de Diputados, lo que ha impedido acabar con la fijación arbitraria de sueldos y prestaciones millonarias para funcionarios de nivel medio y alto.
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