Sin haber realizado antes un proceso de consulta y debate con las organizaciones de familiares de víctimas, el Congreso del estado de Jalisco se alistaba a aprobar la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, “con la única intención de atenuar las críticas por el episodio de los cientos de cuerpos sin identificar apilados en tráileres, y en el contexto del cambio de gobierno”.
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