A mediados de marzo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, acudió a la justicia para ampararse ante lo que consideró un perjuicio a sus “derechos laborales y sociales, como son el de la seguridad jurídica e irreductibilidad salarial”, es decir, en defensa de su sueldo bruto de 3 millones de pesos anuales. Unos meses antes, en diciembre, su colega Benito Nacif había hecho otro tanto para impedir que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se tradujera en una reducción de sus percepciones.
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