El Tribunal Superior de Justicia de Chiapas tiene la oportunidad establecer un antecedente de no impunidad y vincular a proceso a dos policías ministeriales que detuvieron arbitrariamente y torturaron a un indígena tsetal en mayo de 2015, y con ello avanzar en el respeto a los derechos humanos, en la reparación del daño a la víctima y garantizar la no repetición de esos abusos contra los pobladores de comunidades originarias.
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