El mercado no debería tener incidencia alguna en la distribución o la aplicación de las primeras vacunas contra el Covid. Como servicio público, la vacuna debe ser aplicada de manera totalmente gratuita a la población y las decisiones sobre los primeros en ser atendidos deben ser tomadas exclusivamente por el Estado. De lo contrario, la cura sería literalmente peor que la enfermedad, ya que además de gozar de mejores condiciones para pasar la cuarentena y recibir atención médica, los ricos y los poderosos también tendrían acceso privilegiado a los anticuerpos que protegen contra la enfermedad.
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