Las desapariciones en México –incluyendo aquellas en las que se ven involucrados servidores públicos– son un fenómeno generalizado que el gobierno del país sigue negando a pesar de los múltiples señalamientos de organismos nacionales y extranjeros en ese sentido, y forman parte de una dinámica de violencia e impunidad de la cual Ayotzinapa es uno de los ejemplos más claros.
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