La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) determinó que todos los jueces del país están obligados a ordenar que se investiguen “oficiosamente” actos de tortura que sean expuestos por procesados, ya que “de resultar positiva la investigación la sentencia condenatoria se basará, entre otras pruebas, en una confesión obtenida por coacción”.
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