Las autoridades encargadas de investigar la desaparición forzada de los luchadores sociales Aurora de la Paz Navarro y Carmelo Cortés, ocurrida en 1976, cometieron una serie de “omisiones e irregularidades” e ignoraron el contexto de graves violaciones a las garantías básicas existente en aquella época, de acuerdo con un tribunal colegiado, señaló la asociación civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
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