La Fiscalía General de la República (FGR) deberá abrir los expedientes de los casos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, que fueron escenario de masacres contra migrantes entre 2010 y 2012, ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al considerar que los hechos se relacionan con violaciones graves a derechos humanos.
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