El derecho de asilo ha sido una tradición del pueblo mexicano, instituida como política de Estado por el general Lázaro Cárdenas, desde los años aciagos en que abrió las puertas del país a los refugiados de la República Española, tras el triunfo de la asonada fascista de Francisco Franco. Recordemos el asilo del gobierno cardenista al revolucionario ruso León Trotsky, la llegada a México de no pocos ciudadanos estadounidenses que huían del macartismo, en la década de los 50, y la acogida fraterna de los exiliados guatemaltecos tras el golpe de Estado del coronel Carlos Castillo Armas, que derrocó el gobierno democrático y consti-tucional de Jacobo Arbenz, con el apoyo decisivo del gobierno de Estados Unidos. Refugiados brasileños, chilenos, argentinos, nicaragüenses, salvadoreños, –entre otros–, encontraron en nuestro país un lugar en el que pudieron rehacer sus vidas, escapando del horror de las dictaduras militares en sus respectivos lugares de origen. Los movimientos más significativos de solidaridad con Guatemala, Nicaragua y El Salvador, durante sus respectivas guerras revolucionarias y sus diferenciados procesos de negociación, se originaron en México, hermanando a los pueblos bajo la bandera del internacionalismo.
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