Está en curso un movimiento que no inició el pasado 12 de octubre con la decisión de la comunidad de residentes indígenas otomíes en la Ciudad de México de tomar en forma indefinida las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Este movimiento hay que analizarlo en sus diferentes dimensiones. La toma se encabeza por indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, residentes en la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Desde entonces han luchado por su derecho al acceso a una vivienda digna, han recorrido dependencias de gobierno, han hecho trámites, sin resultados. Han vivido hacinadas, sin servicios básicos en cuatro predios abandonados en la calle de Zacatecas 74 y Guanajuato 200, colonia Roma; avenida Zaragoza 1434, por Pantitlán, y Roma 18, en la Juárez. Este último fue abandonado desde los sismos de 1985, pero el de 2017 lo volvió inhabitable y las obligó a acampar en la calle, pero el año pasado fue desalojadas por la fuerza pública sin que se cumpliera la promesa de regularizar su situación.
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