Las autoridades judiciales en México siguen investigando los casos de desaparición de manera “fragmentada”, es decir, clasificándolos de acuerdo al estado o municipio donde ocurrieron, o encuadrándolos en tipos penales poco precisos, en vez de generar indagatorias integrales en las que se estudien patrones y semejanzas que ayuden a sistematizar el problema.
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