Un régimen o época histórica, como la Cuarta Transformación, puede ejercer el poder que el pueblo le ha delegado, como estructura de gobierno, conservando gran parte de la estructura legal del régimen anterior. Las tres transformaciones previas a la actual por ello inauguraron su edad dictando una nueva Constitución. La Cuarta Transformación no lo ha hecho todavía y sufre la sobrevivencia de un orden jurídico que no corresponde a su proyecto, apoyado abrumadoramente por el pueblo desde 2018. Esa contradicción salta a la vista cada momento y se manifiesta ahora en dos eventos que exigen inmediata intervención. Hay dos leyes que fundamentan políticas enderezadas contra Moderna que responden a instituciones y autoridades elegidas por el antiguo régimen corrupto y neoliberal. Me estoy refiriendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tribunal electoral, y a la ley de amparos. Son dos instituciones que se justifican en sus leyes fundamentales correspondientes, y que le fijan las normas de su operabilidad. Repetimos, tanto jurídicamente y por sus ejecutores responden a la concepción del régimen rechazado por el pueblo en la elección de 2018, neoliberal; uno por sus continuas maniobras políticas contra Morena, y la otra por su concepción de la competencia, clamando igualdad miembros del sistema judicial, desde el argumento que abusivamente extiende del orden económico del mercado al político.
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