¿Puede alguien dudar del poder que concentra hoy el Presidente de la República, emanado de una histórica suma de 30 millones de votos en su favor en 2018? El asunto es que la traducción en el ejercicio del gobierno crecientemente asume un factor de prioridad y personalismo por encima de los otros poderes del Estado facultados para poner límites. Esta tendencia se observa hoy. El gobierno federal, vive serios embates de cara a la decisión de recuperar soberanía en el sector eléctrico mediante una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) antes que desmantelar previamente el andamiaje constitucional que en 2013 el peñanietismo con el Pacto por México aprobó en el Congreso de la Unión. A partir de ello, numerosas empresas nacionales y extranjeras recibieron contratos y concesiones sobre sectores otrora exclusivos de la nación, como la industria eléctrica y los hidrocarburos. Son entonces las que hoy se asumen agraviadas por la referida reforma a la LIE y, por tanto, han tramitado más de 80 juicios de amparo y obtenido la suspensión definitiva de dicha ley, además de que se ha dado a la misma el carácter general. López Obrador reclamó al presidente de la Suprema Corte que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro y le respondió que existe autonomía en el Poder Judicial. Por lo pronto y a fin de evitar desacato, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial el acuerdo de suspensión de la ley impugnada.
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