La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la obligación que tienen los jueces para garantizar que en asuntos penales, todos los menores de edad víctimas de un delito tengan derecho a la reparación de daño, aunque el Ministerio Público o sus familiares hubieren omitido aportar elementos para acreditar su situación.
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