Tres mujeres otomíes, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, recibieron en febrero de 2017 una disculpa pública del gobierno mexicano, por encarcelarlas injustificadamente. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) la ofreció ocho meses después de que el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito se lo ordenó.
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