Más allá de la figura clásica de Montesquieu de la separación de poderes, el régimen oligárquico mexicano edificó una institucionalidad atomizada. La mejor manera que encontró para perpetuarse fue distribuir el poder público en un vasto conjunto de comisiones, institutos y otros organismos con personalidad jurídica y presupuesto propios y, en muchos casos, con régimen de autonomía. Para asegurar la armonía entre todas esas instancias y su disciplina al programa central, secretó una tecnocracia ideológicamente uniforme que no estaba al servicio de la nación, sino de sí misma, que era fiel a la lógica del gobierno como feria de negocios y que no tenía más idea de futuro que la reproducción indefinida del modelo neoliberal.
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