El firme propósito presidencial, para enderezar el contrahecho mercado energético se ha visto obstaculizado por diversos intereses. Los actores afectados, en lugar de intentar siquiera una incipiente negociación práctica, le dan un tramposo rodeo al proceso. Fijan sus ataques en una sola de sus vertientes: la jurídica. Y lo hacen desde dos facetas. Una alega enfrentamientos de poderes y sus dañinas consecuencias para la democracia. La otra supone aviesas intenciones del Ejecutivo para controlar todo el sistema político bajo su mando. Esta última alternativa desemboca en acusaciones de extremas consecuencias: una tiranía en ciernes.
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