“Esto es una paradoja. Aquí hay ley y, en situaciones así, está de nuestro lado. No somos una república bananera”, dijo el líder de un país X, que ya va por sus cuartas elecciones generales en dos años (y bien podría ir a quintas: nadie tiene una mayoría). Un país que tiene dos primeros ministros, supuestamente “rotándose” o más bien haciéndose tropezar (siendo él, uno de ellos). Una nación que, a pesar de ufanarse de ser “una democracia fuerte” −incluso “la única en Medio Oriente” (sic)−, es en realidad, como dictaminó uno de sus más prestigiosos organismos de derechos humanos, “un régimen de apartheid” (hasta aquí los sueños sobre la democracia). Una nación cuya ocupación del país Y no es “temporal” ni “externa”, sino perpetua y transversal para todas sus instituciones. Y central para el imperante sistema de opresión y exclusión racial en el propio país y en los territorios ocupados. Un país que se ufana de tener “el ejército más moral del mundo” (sic), pero que en realidad ha cometido incontables masacres de civiles. Y que al final ni siquiera es un Estado, sino “un ejército con un Estado adjuntado” (véase: Haim Bresheeth-Zabner, An army like no other, Verso, 2020). Uno que está supeditado y depende totalmente en su presupuesto militar de una potencia Z, responsable, de hecho, por extender la “frontera bananera” en América Central (aunque por el peculiar carácter de esta dependencia a veces parece que la potencia está... sujetada al “apéndice”). Y finalmente uno cuya economía depende casi exclusivamente de la exportación de un solo bien: la violencia-armas y tecnologías militares (véase: Jeff Halper, War Against the People, Pluto, 2015).
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