México es un país azotado por múltiples violencias. La fragilidad institucional y la macrocriminalidad han hecho de nuestro país un territorio en que cada día el Estado se muestra más susceptible de perder el control del monopolio legítimo de la fuerza. En ese contexto se desarrolla este año el proceso electoral más grande de nuestra historia, en el que están en juego más de 20 mil cargos públicos. Un proceso que vuelve a poner a prueba la fortaleza de nuestro sistema democrático en un escenario sumamente adverso, en el que los conflictos territoriales del crimen organizado ejercen enormes presiones sobre la estructura electoral y la seguridad de las precampañas. Hasta hoy, apenas en la fase de precampañas, hemos sido testigos de la imposición de la ley del más fuerte por encima de una cultura ciudadana y de respeto a la legalidad que debería imperar en cualquier régimen que se proclame democrático.
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