Debido al hostigamiento que prevalece en la embajada mexicana en Bolivia por parte del gobierno de facto en ese país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por la violación a obligaciones diplomáticas.
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